Páginas vistas en total

viernes, 9 de enero de 2015

La administración estará totalmente interconectada y desaparecerá el papel

El primero -régimen jurídico del sector público- regulará las
relaciones externas entre las distintas administraciones y los
administrados, es decir, los ciudadanos, ha explicado Montoro.


Incide este anteproyecto en la consolidación fiscal, estableciendo
nuevas causas de disolución de entidades públicas -cuando estén en
desequilibrio económico durante más de dos ejercicios o se constate que
no cumplen el fin para el que fueron creadas- e imponiendo exigentes
condiciones para la creación de nuevos entes, que deberán estar
plenamente justificados y ser sostenibles financieramente.


La futura ley de procedimiento administrativo común se centrará en la
regulación sistemática de las relaciones internas entre
administraciones.


Ambas, ha dicho Sáenz de Santamaría, son la "consolidación" y
"cristalización" de los principios que han inspirado la reforma de la
administración, que acumula ahorros de 18.000 millones de euros y ha
supuesto la supresión de 2.029 entes públicos, y cuyo objetivo es lograr
una administración moderna, ágil, transparente y eficiente.


Una de las principales novedades de la entrada en vigor de ambas
normas, destaca el Gobierno, será la desaparición del papel en las
relaciones con la administración.

Así, los ciudadanos y empresas podrán realizar gestiones "en
cualquier momento, y con independencia de cuál sea el organismo al que
se dirijan", ha aseverado Montoro.


"Ningún ciudadano se encontrará con que no puede realizar un trámite
porque le falte un documento", ha continuado el ministro de Hacienda
quien ha hecho hincapié en que, a partir de ahora, será la
administración la responsable del documento que ya obre en su poder.


Con este fin, el Gobierno extenderá los medios que permitan la
identificación electrónica de los ciudadanos, aunque aclara que para
aquellos que no tengan internet o que no deseen utilizar la red en su
relación con la administración, podrán continuar recibiendo asistencia
de los funcionarios.


Las empresas tendrán que relacionarse "obligatoriamente" de forma
electrónica con la administración, tal y como hacen ya con la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social, un modelo de gestión de eficacia
probada, según Montoro, que se extenderá al resto de la administración.


Además, la comunicación entre administraciones será íntegramente
electrónica, se creará un inventario único y público de todos los
organismos y actividades de la administración y un registro estatal con
los órganos de cooperación de la administración general del estado y los
convenios suscritos con el resto de administraciones.


La administración, dice el Gobierno, ganará en transparencia y
eficacia de cara al ciudadano, así como en la relación entre los
distintos niveles que la componen.

Entre las medidas propuestas en el anteproyecto, figura la regulación
por ley del funcionamiento de la Conferencia de Presidentes -el órgano
creado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para coordinar a
las autonomías- y de las conferencias sectoriales, que serán informadas
de los cambios normativos que puedan afectar a las competencias
territoriales.


Se trata en definitiva, ha dicho Montoro, de un impulso legislativo a
la reforma de las administraciones que "está facilitando la salida de
la crisis", al reducir la necesidad de financiación y que se dirige
hacia una administración más transparente y eficaz.


"Es lo que necesita un país como España, plenamente europeo y una
economía competitiva que dé respuesta a la necesidad de crear empleo",
ha señalado el ministro de Hacienda quien ha destacado que el
"impresionante" ahorro de 18.000 millones que acumula la reforma ha sido
"en buena parte" posible gracias al esfuerzo de autonomías,
diputaciones y ayuntamientos.


De las 222 medidas para esta reforma que planteó la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), un 85 por ciento están
totalmente implantadas o en fase total de implantación.


La reforma, ha indicado Sáenz de Santamaría, ha generado además un
ahorro para empresas y particulares de 1.700 millones de euros.


El desarrollo del informe CORA está suponiendo la detección de la necesidad de implantar nuevas medidas.

Hoy, el Consejo de Ministros ha
puesto en marcha otras 19, entre ellas el cambio de domicilio a través
de la plataforma de internet de gestión de datos, o la habilitación de
centros de reconocimiento de conductores para la gestión del carné a las
personas con discapacidad cuando se mantengan las condiciones por las
que fue concedido.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario